Luego de las exequias de Máximo Geres, el niño de 11 años asesinado en la madrugada de este domingo, el hartazgo y dolor de sus vecinos se volcó contra cinco lugares que eran señalados como bunkers de droga en la calle Cabal al 1300. Allí las personas involucradas comenzaron a saquear las viviendas, demolieron las paredes con mazas e incendiaron lo que quedaba. Indicios de la investigación en curso que encabeza el fiscal Adrián Spelta apunta que los kioscos de narcomenudeo pertenecen a Cristian “El Salteño” Villazón quien a pesar de estar preso desde 2020, continúa manejando una porción de ese negocio ilegal.
Al llegar la Policía no logró contener la pueblada y reprimió con balas de goma para dispersar a los vecinos. Julio Geres, padre de Máximo, fue herido en el abdomen por la perdigonada. «A nosotros nos tienen que cuidar y no a los transeros estos», espetó un hombre ante las cámaras de los medios rosarinos. Es la misma escena, otro poblador del lugar, aseguró: «Nosotros lo hemos denunciado pero no viene la Justicia. A ellos los tienen comprados con plata y con drogas. Por eso no viene la Justicia». Luego, mirando directo a las cámaras vociferó: «Señor Presidente, así como en algún momento necesitó nuestro voto, póngase los huevos, ponga las cartas sobre la mesa y mande gendarmes. No queremos más policías en Rosario. Necesitamos gendarmes, esos que tienen bien puestos los huevos».
Más tarde, en una de las viviendas señaladas la policía pudo secuestrar una arma automática que se encontraba oculta en la carcaza de un calefón eléctrico. De acuerdo a distintas publicaciones de Rosario, el revolver ya estaría implicado en otro crimen de sangre. Asimismo, de acuerdo a declaraciones de un testigo, las fuerzas de seguridad habrían detenido a 4 personas pero la información aún no fue refrendada por fuentes judiciales.
Más adelante, las personas que ya habían arremetido contra los bunkers ingresaron a otra casa para continuar su faena. Los canales de televisión pudieron atestiguar cómo un desfiladero de gente entraba y salía con pertenencias de la familia que alquilaba esa vivienda. Electrodomésticos, muebles, útiles escolares de los niños que allí habitaban y hasta sus juguetes. La inquilina, presenciaba en vivo y directo la violación de su hogar y comentó a la prensa que había llegado a esa locación dos meses atrás, habiendo acordado con la propietaria de nombre Claudia un pago mensual de 25 mil pesos.
En ningún momento llegó un patrullero o personal judicial a intentar frenar el saqueo.