En un fallo largamente esperado, la Corte Suprema de Justicia dispuso hoy que el Gobierno nacional le pague al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el 2,95 por ciento de la masa de impuestos coparticipables, en el marco de la disputa entre ambas administraciones por el porcentaje correcto de Coparticipación Federal. El fallo lleva la firma de los cuatro miembros del máximo tribunal, según consignaron fuentes de los tribunales, y generó un abierto rechazo por parte de referentes del oficialismo.
La Corte Suprema resuelve también que «las transferencias correspondientes a lo dispuesto en el punto resolutivo anterior se realizarán en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina» y que, durante la tramitación del proceso, el Estado Nacional «se abstenga de aplicar la ley 27.606», sancionada el 10 de diciembre de 2020.
El recorte en los fondos de coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires había sido resuelto por el Presidente Alberto Fernández luego de la protesta llevada adelante por la Policía Bonaerense en medio de la pandemia por un incremento salarial. De esta manera se daba marcha atrás con la suba dispuesta por el exPresidente Mauricio Macri en el arranque de su gestión con un decretro. Luego la ley 27.606 estableció el nuevo monto para la administración porteña.
Como consecuencia, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta acudió a la Corte Suprema para recuperar el punto de coparticipación que, alegaba, había sido recortado por razones políticas a través del decreto 735, de septiembre 2020, y la normativa posterior. Reclamó que se declare la inconstitucionalidad tanto del decreto como de la norma y que se unifiquen ambos pedidos en una misma resolución de la Corte Suprema
Asimismo, solicitó entonces una medida cautelar para frenar la sangría de fondos y la restitución de los mismos de manera compensatoria, más los intereses correspondientes, desde la fecha en la que disminuyó su transferencia a suelo porteño. En ambos casos, reclamó medidas cautelares para que el máximo tribunal frene su aplicación.
QUÉ ARGUMENTABA EL GOBIERNO NACIONAL
A través del ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ De Pedro, el Estado Nacional cuestionó la legitimidad del decreto 194 de Macri, de enero de 2016, con el que se duplicó el porcentaje de fondos destinados a la Ciudad, del 1,40% a 3,75%. Al Estado Nacional se aliaron un amplio número de provincias cuyos gobernadores reclamaron a la Corte Suprema ser escuchados en calidad de amicus curiae a la par de fijar posturas públicas a través de comunicados y cartas al máximo tribunal.
Tanto el Gobierno nacional como la mayor parte de las provincias entendieron que el porcentaje fijado por el entonces gobierno de Cambiemos fue establecido de modo arbitrario y en desmedro de los recursos que se direccionaban hacia sus jurisdicciones. Ahora se espera la respuesta política por parte del Gobierno respecto a si acatará o no el fallo.