El senador provincial Lisandro Enrico (UCR-General López) presentó un escrito ante la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos que aborda de lleno la presunta imputación que le formuló Leonardo Peiti, un empresario del juego ilegal preso que con su testimonio como imputado colaborador señaló a supuestos eslabones superiores de una cadena de complicidades desde el poder para amparar esas actividades.
Entre esos nombres figura el del legislador radical del sur, según los dichos de Luis Rossini, abogado defensor de Peiti. El profesional reveló parte del contenido de un acuerdo con los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery en el que el llamado Zar del Juego Ilegal habría nombrado a dos senadores de los bloques del radicalismo y otros dos del peronismo, tanto del sector del Nes distante de la Casa Gris, como de Lealtad que apoya sin medias tintas al gobierno provincial.
Enrico pide que se aplique de forma íntegra la letra de la ley del arrepentido, que le permite a Peiti intentar ser considerado un imputado colaborador para bajar su pena a la mitad (y recuperar su libertad) a cambio de proporcionar más nombres sobre una supuesta coima en dólares a cuatro senadores provinciales para quedarse con una concesión del juego on line (que el Poder Ejecutivo otorgó por decreto).
Las prevenciones del senador sobre una aplicación parcial de la norma hablan de un asunto complejo. No quiere que los fiscales actuantes tomen solo una parte de la declaración de Peiti. Y que si Enrico fue efectivamente nombrado como uno de los coimeados que se lo invetigue a fondo. El mismo escrito advierte que mentir cuando se intenta ser un imputado colaborador es un delito no excarcelable.
En declaraciones a El Litoral y a otros medios Enrico ha dicho que no quiere condicionar la investigación de los fiscales, pero desea que su nombre quede libre de cualquier duda ante la opinión pública y por eso anticipa por escrito y con su firma que renunciará a sus fueros en cuanto sea necesario para ser investigado.
Antecedentes
El texto explica que fue Rossini quien manifestó en una radio de Rosario, el 9 de septiembre «que las declaraciones de su cliente Peiti brindada a los fiscales en el marco de la declaración como imputado colaborador ‘dejan pegado a Enrico al juego clandestino’ (sic)».
También «es de público conocimiento que en los últimos días trascendieron por distintos medios de comunicación (radio, televisión, periódicos, portales de noticias) manifestaciones en el sentido que en la información brindada por el imputado Peiti, éste dijo ante los fiscales que habría dado dinero para que se reparta ante algunos senadores y en ese sentido se menciona mi nombre».
«Huelga decir que esto es un hecho de una gravedad institucional enorme y que de mi parte entiendo que esos dichos deben ser investigados exhaustivamente ya que hacen referencia a la existencia de un delito, que de mi parte niego de plano y lo considero una mentira, pero que además merecen su esclarecimiento porque se mencionan a funcionarios públicos de primera línea de la provincia de Santa Fe».
Y sigue: «más allá de que el abogado del señor Peiti haya hecho público contenido de la declaración de su cliente también entiendo que esa declaración se efectuó en el marco de un proceso de imputado colaborador según lo regula la ley 27.304 que introduce la figura al Código Penal».
En ese sentido, «advierto que si el señor Leonardo Peiti accedió a dicho programa establecido en la ley 27.304, su artículo 2º dispone que las declaraciones ‘maliciosamente inexactas’ no solo constituyen un delito de parte del imputado colaborador (art. 276 bis Código Penal) sino que le hacen perder el beneficio».