Áñez, bajo arresto desde hace meses, no ha realizado ningún comentario hasta el momento sobre las nuevas acusaciones, pero el martes pasado había publicado en Twitter que “exigimos respeto a la Constitución, garantías con el debido proceso e igualdad de condiciones”.
Lanchipa explicó que presentó “ante la Corte Suprema de Justicia una demanda acusatoria contra la ciudadana Jeanine Áñez”, que incluye cargos de “genocidio”, que podrían implicar una pena de prisión de entre 10 y 20 años, según el Código Penal boliviano.
La conservadora Áñez fue designada presidenta interina el 12 de noviembre de 2019, dos días después de que Evo Morales renunciara en medio de protestas callejeras por su controvertida reelección para un cuarto mandato y huyera del país.
Unas 37 personas murieron en enfrentamientos entre partidarios y opositores de Morales, así como entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
Los cargos en contra de Áñez surgieron de la denuncia de familiares de las víctimas por hechos de represión el 15 de noviembre de 2019 en la localidad de Sacaba, cercana a la céntrica ciudad de Cochabamba, y el 19 de noviembre en la planta de gas Senkata en la ciudad de El Alto, no lejos de La Paz.
En un informe publicado a principios de esta semana, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mencionó que se habían registrado un total de 22 muertes en los 2 incidentes, que fueron etiquetados como “masacres”.
Sin embargo, los documentos judiciales de Lanchipa solo mencionan “20 muertos” en Sacaba y Senkata. Estos hechos han sido “clasificados provisionalmente como genocidio, lesiones graves y leves y heridas seguidas de muerte”, dijo el fiscal.
Áñez cesó en su cargo en noviembre de 2020 tras la elección de Luis Arce, aliado político de Morales. Se cree que Áñez y varios de sus ministros y ex jefes militares y policiales actuaron con el apoyo de la Iglesia Católica, la Unión Europea, políticos bolivianos de derecha y centro, así como de los gobiernos de Ecuador y Argentina, que entonces encabezaban. por los presidentes Lenín Moreno y Mauricio Macri respectivamente. Áñez está detenida desde marzo.
De acuerdo con la ley boliviana, el máximo tribunal debe solicitar la aprobación del Congreso para iniciar el proceso contra Áñez. Queda por ver si ese apoyo se puede obtener, ya que si bien el partido gobernante controla el Poder Legislativo, no cuenta en principio con una mayoría de esas proporciones.
Mientras los políticos ya debaten la modificación del Poder Judicial, el ministro de Justicia, Iván Lima, prevé que el proceso contra Áñez podría avanzar bajo una nueva Corte Suprema de Justicia. Los magistrados actualmente en ejercicio dejarán sus cargos dentro de dos años.