El génesis del debate fue la manifestación del edil de Barrio 88, Guillermo Jeréz, que había ingresado sobre tablas un pedido de informe para recibir datos certeros, desde el Ejecutivo, en a los cuidacoches que hay en la ciudad. Precisamente, el reclamo es si el Municipio ha realizado algún relevamiento sobre este “universo” de personas para conocer si, por ejemplo, alguno de estos trabajadores informales se encuadra en los parámetros de la Ordenanza 12.635 del año 2019. En ese sentido, el texto inquiere acerca de si alguna de esas personas posee antecedentes penales o un historial de consumo problamático de sustancias.
En este punto es donde reside el primer eje que suscitó a la discusión en el recinto. En su alocución, Jeréz habló directamente a su par del PRO, Sebastián Mastropaolo, que también impulsa una iniciativa al respecto. En el texto del edil macrista se estipula la prohibición lisa y llana de la actividad de los “trapitos” y, en el ámbito de la prevención y control, plantea que la Guardia de Seguridad Institucional del municipio vaya munida de las pistolas que dan choques eléctricos en caso de que una situación de llamado de atención a un trapito escale a mayores.
En la acalorada discusión, el tema terminó poniendo en el mismo bando a toda la oposición que coincidió en criticar duramente el rol de la gestión de Jatón en la materia. En un resumen, puede decirse que las acusaciones recaen en las dificultades del municipio para controlar el ejido urbano y en la nula capacidad para asegurar el cumplimiento de las ordenanzas emanadas del Concejo. “Nos parece importante este debate que debo reconocer que el concejal Mastropalolo viene insistiendo desde hace tiempo a que se dé bajo modos y formas que, en mi opinión, distan de ser las que la ciudadanía está reclamando ante un problema como es el de la seguridad y el fenómeno trapitos”, espetó Jeréz.
Y continuó con vehemencia: “Quiero repudiar cualquier tipo de estafa que se le presente a la ciudadanía como la propuesta de que la TGI pueda usar las pistolas taser. Es un disparate que carece de toda lógica. Me parece poco responsable”.
Para el edil propinante eso contiene una visión “reduccionista” en el abordaje del tópico, devenido directamente del Código Penal y reiteró que se necesita más y mejor información para adentrarse en el debate público. Además, consideró que se debe adoptar la óptica de la Ley de Salud Mental, para encarar posibles situaciones de problemas de consumo de drogas entre los cuidacoches.
“Esto no se puede abordar con slogans en los medios de comunicación”, disparó el edil aunque reconoció que “el Municipio tiene un presupuesto escaso para contener a cuidacoches con problemas de consumo”.
A continuación pidió la palabra su interlocutor inmediato, el concejal Mastropaolo a quién no le falto mordacidad para responder. “Me alegra que, a mi entender, concejales que no toman temas que son importantes para la sociedad empiecen a pensar en ellos”, comenzó y retrucó que, en efecto, su proyecto, criticado por Jeréz, “propone una multiplicidad de opciones entre las que se cuenta el consumo problemático”.
En tanto, el referente del PRO en el Concejo se mostró conforme con haber generado un ámbito de conversación aunque lamentó que se vaya “a la cuestión ideológica para buscar el golpe bajo”. Por el contrario, sostuvo que el camino hacia la solución deberá ser discutido “buscando puntos en común más allá de las posturas”.
En otro orden, aseguró que “el número de cuidacoches aumenta día a día” y respaldó su aseveración en el dato que aportado por el Fiscal Carlos Arietti durante la última reunión del Consejo de Seguridad de la Ciudad que señala la presencia de “casi 50 cuidacoches en sólo 2 zonas relevadas”.
Y para cerrar, Mastropaolo fue el artífice del giro de las miras de la oposición hacia el oficialismo: “El registro de cuidacoches fue sancionado hace más de 4 años”.
Ya en esta dinámica, tomó la palabra la concejala radical y pre candidata a la Intendencia, Adriana Molina quien le deseó suerte al edil Jeréz para obtener respuesta a su pedido de informes. En ese sentido, recordó que el 7 de septiembre pasado el Cuerpo legislativo aprobó una requisitoria de información sobre los cuidacoches. “Allí yo preguntaba cuáles eran las tareas de control del municipio, si se creó el registro previsto en la ordenanza, cuántas credenciales habilitantes se otorgaron, cuáles son las zonas delimitadas y el listado de cuidacoches», especificó.
Asimismo, comentó que horas antes de la sesión, le expresó al Intendente en el Consejo de Seguridad “que lo primero por hacer es cumplir con las ordenanzas que se dictan” y le recriminó que la norma «se dictó una ordenanza en 2019 y hoy están en el Ejecutivo y no la han puesto en marcha». Y exigió: «Al menos dennos la información”.
A su turno, el kirchnerista Federico Fulini, resaltó “el acuerdo” que se hizo explícito en las deliberaciones del recinto que apunta que la mayor rresponsabilidad en cuanto al problema es de la Municipalidad. “Tiene herramientas aprobadas que no se utilizan”, manifestó. “Y si no las considera potables tiene la potestad de enviar un mensaje a este Cuerpo para debatir una nueva norma”, añadió.
En su parecer, “la solución no es prohibir la actividad” dado que hacerlo sería volver a desplazar a personas que tienen necesidad de ser cuidacoches para sobrevivir. “Ahora, ¿alguien de ustedes tomaría a un cuidacoche como asesor?”, preguntó con ironía. “El municipio debe ordenar la situación pero tiene serias dificultades para hacerlo. Siempre llega tarde”, agregó al tiempo que le reclamó a la gestión de Jatón que “se haga cargo, controle y proponga una alternativa”.
Poco después, los radicales Hugo Marcucci e Inés Larriera, sincronizaron sus declaraciones sobre la ineficacia de la Ordenanza 12.635 y en la necesidad de encaminarse a un nuevo marco regulatorio que dé más herramientas.
A su turno, la justicialista Jorgelina Mudallel apuntaló el espíritu del pedido de informe que se estaba comentando. “Es fundamental tener un estado de situación. Un diagnóstico de lo que se ha aprendido hasta el momento” para solventar los inconvenientes de este tipo de fenómenos y pidió recostarse sobre los antecedentes de otras ciudades y en las organizaciones de la ciudad con las que pueden articularse acciones. Y disparó: “Sancionar normas para la hinchada no es nuestro deber”.
A la defensa de la gestión socialista acudió la concejala del PS, Laura Mondino, que puso en relieve la preocupación del Gobierno por la situación de los cuidacoches pero no tardó en invertir la carga sobre la oposición: “Quizás no hace falta simplemente a relatar la realidad sino a proponer. Es cierto que hay una ordenanza que tiene dificultades pero la verdad es que las propuestas son pocas”.
En tal sentido, aseguró que el Ejecutivo está tomando cartas en el asunto y que enviará un mensaje al Concejo que “se informará en su momento”. Poco sabía que habría de provocar sobre sí una andanada de críticas.
Fue así que Juan José Saleme, de la banca justicialista, le dirigió una escueta pregunta que no tuvo respuesta: ¿Cuál es la propuesta del Ejecutivo?”
Por último, el concejal Carlos Pereyra se apresuró a resumir los minutos de exposiciones que acababan de pasar. “La conclusión es que la oposición no tiene propuestas y que por eso estamos en este punto”, se quejó para retrucar que “hubo años de inacción sobre el problema”. Bajo esa luz, opinó que, tal cual ocurrió con la Ordenanza de Nocturnidad, la gestión de Jatón empezó a moverse “cuando los problemas estallan”.
Por otro lado, expuso que conviven en la problemática dos facetas, el delito y la necesidad social y que la complejidad de la tarea legislativa y, posteriormente, del ejecutivo en ver ambas caras de la moneda para “poner políticas en la calle que puedan satisfacer” ambas demandas.
Para completar su intervención, el cambiemita cercano al ex Intendente José Corral, destacó que es imprescindible el “auxilio de las fuerzas de seguridad” por el que “hay que ir a buscarlas y pedirles que ayuden”.