Se realizó una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo por el conflicto laboral con Cliba, una de las prestatarias del servicio de recolección de residuos, en un intento por solucionar la situación de los 229 empleados que tiene esa empresa y en el marco de la eventual de la rescisión del contrato que la vincula con el municipio hace más de 20 años.
Una de las voceras fue la secretaria de Gobierno municipal, Malena Azario. Consultada por la deuda que el municipio mantiene con la empresa —la cual aseguró, en una solicitada publicada en este diario, que es de $306 millones desde febrero—, Azario respondió que sobre la base de los certificados de pago emitidos y aprobados, “admitimos que la deuda con Cliba es de no más de $50 millones. Hay certificados que no están evaluados y que aún no están aprobados. Por eso, hoy no están dadas las condiciones para la rescisión unilateral del contrato (por parte de la prestataria)”.
Pero también, Azario cargó las tintas sobre la acreencia que mantiene la actual administración provincial con el municipio local. “Reconocemos esos retrasos en los pagos, pero esto tiene relación directa con lo que le está debiendo Provincia (al municipio santafesino), que son $700 millones. Los fondos que utilizábamos para el pago de la prestación del servicio venían del Fondo de Financiamiento Educativo. Ese dinero justamente se utilizaba para cancelar los pagos a la empresas prestadoras. Instamos a Provincia a que pague la deuda, porque de esa manera podría resolverse rápido esta situación”.