El paquete de acciones que busca desregular la economía argentina lanzado por el Presidente de la Nación, Javier Milei, tiene por delante un largo camino para lograr instituirse. Puntualmente, el extenso texto entrará en vigencia dentro de 8 días y debe llegar al Congreso, en 10 días, para ser analizado en una Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo que debe ser aún ensamblada. Este Cuerpo, a su vez, tendrá 10 días para expedirse.
“Esta Comisión no trabaja desde hace un año; todavía tiene 100 DNU de Alberto Fernández sin tratar. Ahora va a tener que conformarse y emitir un dictamen”, aclaró el abogado constitucionalista Félix Longo en un reportaje radial. Si este grupo especial no tiene inclinación, las Cámaras legislativas podrán analizar el DNU.
En esa instancia, es esto lo que puede ocurrir: El decreto puede ser rechazado u aceptado por mayoría absoluta de los presentes. No se pueden introducir modificaciones ni agregados. Si ninguna cámara lo trata, quedará vigente. Si una cámara lo acepta y la otra lo rechaza, sigue vigente. Solo quedaría nulo si tiene rechazo tanto en Diputados como en el Senado.
Por otro lado, puede entrar en juego el Poder Judicial. “Siempre se puede recurrir judicialmente, como control de legalidad o constitucionalidad, que puede ser interpuesto ante cualquier juez, que va a terminar en la Corte Suprema que tendrá la última palabra”, le expresó Daniel Sabsay a la prensa. La parte del decreto que desregula el mercado laboral puede entorpecerse por ser recurrida en puntos específicos como las multas, los convenios colectivos.
Personas particulares que se sientan afectadas pueden hacer presentaciones ante la Justicia.