Este miércoles, el Presidente Javier Milei envió al Congreso de la Nación el proyecto de ‘Ley Omnibus’ de 351 páginas bajo el nombre de «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos». La iniciativa será tratadas durante las recientemente habilitadas sesiones extraordinarias de la Casa de Leyes. A través de sus capítulos se busca refrendar varios de los postulados promovidos en el Mega DNU publicado la semana pasada y será la prioridad del Gobierno libertario dado el siguiente argumento: «Argentina no tiene plata ni tampoco tiempo».
En los próximos días, según confirmó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se conformarán las comisiones parlamentarias que deberán analizar el proyecto. Asimismo adelantó que los distintos ministros de la administración nacional pasarán por los recintos para “explicar la importancia de avanzar con estas reformas”.
«Argentina está inmersa en una grave y profunda crisis económica, financiera, fiscal, social, previsional, de
seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social sin precedentes, que afecta a todos los órdenes de la
sociedad y al funcionamiento mismo del Estado», comienzan los fundamentos del escrito.
En primera instancia, la norma plantea la Emergencia pública -que deberá ser aprobada por el Congreso- en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025. Esto permitirá que el Gobierno asuma “facultades legislativas” en esas materias.
El Gobierno busca a través de la privatización de las empresas públicas generar “mayor competencia y eficiencia económica, reducir la carga fiscal, mejorar la calidad de los servicios, promover la inversión privada y profesionalizar la gestión”. En ese sentido, se constituirán sociedades anónimas, “en las cuales el Poder Ejecutivo nacional podrá conservar una acción con derecho a veto en las decisiones que impliquen el cierre de la actividad”. Entre las 41 empresas
Un anexo menciona a la Política de calidad regulatoria que tiene como objetivo la simplificación, digitalización y desburocratización administrativa, “promoviendo la transparencia y el debido proceso administrativo, así como el alivio de cargas y costos administrativos, para obtener regulaciones eficientes para la competitividad de los mercados, la creación de empleo y todo cuanto contribuya a elevar el nivel de vida de los ciudadanos y a la consiguiente reducción de los índices de pobreza”.
En concepto de Control interno de la administración, el Poder Ejecutivo “podrá realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública y los avales otorgados en los términos de los artículos 62 y 64, mediante su consolidación, conversión o renegociación, atendiendo a las condiciones imperantes del mercado financiero”.
Para la actividad política y la función pública se prevé que la publicidad de los actos, programas, obras, servicios y campañas, y los espacios institucionales de los órganos públicos deberán tener carácter educativo, informativo o de orientación social, no pudiendo constar en ella, nombres, textos, símbolos o imágenes con fines o que supongan una promoción político partidaria o personal.
La reorganización económica contempla permitir, por ejemplo, la reventa de entradas deportivas. Será “sin límite de las veces que pueda realizarse dicha operación”.
El Poder Ejecutivo Nacional reglamentará, en todo el territorio del país, el régimen de habilitación y funcionamiento de los establecimientos donde se faenan animales, o se elaboran o depositan productos de origen animal. Ese régimen comprenderá los requisitos de construcción e ingeniería sanitaria, los aspectos higiénicos, sanitarios y ambientales de elaboración, industrialización y transporte de las carnes, productos, subproductos y derivados de origen animal destinados al consumo en cualquier parte del territorio del país o a la exportación.
Para Seguridad y Defensa, la norma apunta: “El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de uno a tres años y seis meses”, establece el proyecto.
Uno de los puntos destacados se establece los Juicios por jurado. La medida pide que se apruebe el Régimen de Juicio por Jurados a nivel federal y los jueces deberán utilizar toga negra y un martillo como ocurre en otro países, como Estados Unidos.
La iniciativa también ingresa modificaciones en el Sistema electoral. La reforma política incluirá la eliminación de las PASO, el establecimiento de un nuevo sistema de elección de diputados en base a circunscripciones uninominales y modificando las listas cerradas.
Para Niñez y familia se buscará “fortalecer el cuidado integral de la salud de las madres en situación de vulnerabilidad y de los niños desde el momento de su concepción hasta los tres años; con el fin de reducir la morbimortalidad materno e infantil, la malnutrición y desnutrición, la protección y estimulación de los vínculos tempranos, y el desarrollo físico y emocional”. No se detalla el cómo.
En cuanto a Educación. Proponen un examen para todos los estudiantes al final de la secundaria, la difusión de los resultados de evaluaciones estandarizadas por escuela y una mayor evaluación de los docentes, entre otros cambios en el sistema educativo. También habilita el arancelamiento universitario para extranjeros que no tengan residencia permanente.
Por otro lado, el Gobierno también busca eliminar la fórmula vigente para la actualización de las jubilaciones y pensiones, asumiendo la potestad de “realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos”. No se detalla cada cuánto serán los aumentos ni qué indicadores se tomarán como referencia.
Uno de los puntos que llamó la atención de los diputados de la oposición fue la inclusión, casi al final del proyecto, de un artículo que “ratifica” el mega decreto de necesidad y urgencia N°70, que igualmente será abordado en la comisión bicameral de Trámite Legislativo.