Nuevo paro universitario en medio de la desfinanciación nacional y rumores de traspaso a las provincias

Los trabajadores de las casas de estudios superiores de todo el país empiezan una protesta de 48 horas durante este jueves y viernes. Es en reclamo del presupuesto que el Gobierno nacional ha cercenado desde diciembre a esta parte. El día 2 de octubre habrá una nueva movilización masiva como la ocurrida a finales de abril. Mientras tanto, el entorno del Presidente Milei planea poner a debate que cada provincia se haga cargo dela financiación de sus universidades.

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Este jueves comienza un nuevo paro de la docencia universitaria a lo largo y ancho del país. Tanto en esta jornada como en la del viernes, protestarán por el desfinanciamiento planificado y anunciado por la Presidencia de la Nación en manos del ultraderechista, Javier Milei. Asimismo, se aprontan a marcha de manera masiva el próximo 2 de octubre en una medida similar a la vista el pasado 23 de abril en todas las grandes ciudades del país.

No solo habrá una paralización de tareas por parte de los gremios docentes y no docentes, sino que será una semana de visibilización de la situación con volanteadas, conferencias, clases públicas, radio abierta y otras actividades. Por primera vez, las autoridades universitarias se pliegan a la lucha.

Por otro lado, el primer mandatario del país se apronta a vetar la Ley de Financiamiento Universitario -aprobada por el Congreso- que declara la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional para el año 2024 y actualiza las partidas del Presupuesto 2023, prorrogado por el gobierno de La Libertad Avanza.

«Estamos viendo si les tiramos los fondos por la cabeza y que se hagan cargo»

Mientras tanto, el Gobierno nacional trabaja en un proyecto para que las provincias se hagan cargo de las universidades nacionales que funcionan en sus respectivos territorios. La iniciativa es impulsada por el principal asesor del Presidente que no reviste nombramiento, Santiago Caputo. La idea del Ejecutivo es girar fondos mínimos de Nación y que el resto del financiamiento necesario quede a cargo de cada provincia.