Desde este viernes 29 de diciembre, al cumplimentarse los 8 días legales tras la publicación de su publicación en el Boletín Oficial de la Nación, entró en vigencia el decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. Sin haber mediado la Justicia ni haberse conformado la comisión Bicameral del Congreso que, de acuerdo con la Constitución Nacional, debe tratarlo; ya tomaron fuerza de ley todos los postulados expuestos en sus 366 artículos.
En primera instancia, el texto se aparta de la división de poderes que caracteriza la vida institucional del país durante los últimos 40 años y declara sin la injerencia del congreso «la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025».
Es de recordar que existen dos caminos que pueden – o podrían haberlo hecho- evitar la entrada en vigencia de la batería de derogaciones de leyes: uno es a través de la Comisión Bicameral de Trámites del Congreso y el otro es con acción judicial mediante.
El Cuerpo especial de legisladores aún no ha sido conformado y desde Unión por la Patria reclamaron que esto suceda de manera urgente. El jefe de la bancada justicialista en la Cámara de Diputados, el rosarino Germán Martínez, precisó que «la composición de la referida comisión ‘deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara'». Este será un punto de tensión entre el oficialismo y la oposición que tiene la presidencia de las dos cámaras parlamentarias.
Una vez que se arme la Comisión, los legisladores tendrán 10 días hábiles para convalidar o eliminar, siempre en la totalidad de los 366 artículos, del DNU. Si al cabo de este lapso no hay postura se habilitará el debate del texto en Diputados y Senadores. La dinámica, allí, se reproducirá: Las dos recintos deberán subir o bajar el pulgar y no habrá lugar a disidencia. Es decir, si una Cámara convalida y la otra no, el decreto se mantiene.
El segundo camino es la Justicia. La Corte Suprema recibió varios reclamos de «inconstitucionalidad manifiesta» del DNU pero adelantó que los tratará después de la feria de enero. En ese momento, puntualmente, se expedirán sobre un amparo hecho por la Provincia de La Rioja para dejar sin efecto la medida del Presidente de la Nación.
Mientras estos dos filtros se activan, los enunciados del decretazo tienen fuerza de ley.
Las principales derogaciones de ese amplísimo cuerpo son:
1. Derogación de la Ley de Alquileres para que «el mercado inmobiliario vuelva a funcionar sin problemas y que alquilar no sea una odisea», explicó Milei en cadena nacional. El DNU fija que «los alquileres podrán establecerse en moneda de curso legal o en moneda extranjera, al libre arbitrio de las partes; las partes podrán pactar el ajuste del valor de los alquileres», entre otras.
2. Derogación de la Ley de Abastecimiento para que «el Estado nunca más atente contra el derecho de propiedad de los individuos». Esta normativa tiene vigencia desde 1974 y fue modificada una sola vez, en 2014. Esta ley permite al Estado intervenir en el marcado en defensa de los consumidores, con la posibilidad incluso de establecer congelamiento de precios, entre otras cuestiones.
3. Derogación de la Ley de Góndolas para que «el Estado deje de meterse en las decisiones de los comerciantes argentinos». Esta norma obliga a los supermercados a señalizar en góndolas físicas y virtuales los productos fabricados por pequeñas empresas y obliga a supermercados a poner de manera destacada el artículo de menor precio en categorías de consumo habitual.
4. Derogación de la Ley del Compre Nacional que «sólo beneficia a determinados actores del poder». La norma otorga a los proveedores nacionales prioridad en las compras públicas y promueve procesos de transferencia tecnológica a favor de las empresas locales, brindando la posibilidad de insertarlos en cadenas globales de valor y favoreciendo su acceso a mercados internacionales.
5. Derogación del Observatorio de Precios del Ministerio de Economía para «evitar la persecución de las empresas». El Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios, es un organismo técnico que tiene el objetivo de monitorear, relevar y sistematizar los precios y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios que son producidos, comercializados y prestados en el territorio de la Nación.
6. Derogación de la Ley de Promoción Industrial. Esta norma N° 23.614 instituyó un único sistema nacional de promoción industrial para el establecimiento de nuevas actividades industriales y la expansión, reconversión y modernización de las existentes, incluyendo además la protección de las pymes.
7. Derogación de la Ley de Promoción Comercial. La Ley N. 18.425 de Promoción Comercial estaba destinada a la transformación estructural de los sistemas de comercialización, para lograr el cumplimiento de su función social con un máximo de eficiencia económica.
8. Derogación de la normativa que impide la privatización de las empresas públicas.
9. Derogación del régimen de sociedades del Estado. Con este cambio desaparecerán las figuras jurídicas de las Sociedades del Estado, reguladas por la Ley N° 20.705, las Empresas del Estado previstas en la Ley N° 13.653 y las Sociedades de Economía Mixta contempladas en el Decreto – Ley N° 15.349/46. Del mismo modo, se modifica el capítulo del Programa de Propiedad Participada de la Ley N° 23.696, a los fines de facilitar el traspaso de las acciones de las empresas actualmente estatales a sus empleados.
10. Transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas para su posterior privatización. En los considerandos del DNU explica que «es necesario modificar el status jurídico de las empresas públicas, reconvirtiéndolas en Sociedades Anónimas, acordes al régimen de la Ley General de Sociedades» y fija un plazo de 180 para que se concrete esta modificación.
11. Modernización del régimen laboral para «facilitar el proceso de generación de empleo genuino». Los artículos que se modifican en este caso apuntan a simplificar los procesos de registración, aumentar el período de prueba de los trabajadores, redefinir la procedencia de los descuentos salariales convencionales, autorizar a las convenciones colectivas a explorar mecanismos de indemnización alternativos a cargo del empleador, revisar los criterios de ultractividad y evitar los bloqueos de actividades productivas.
12. Reforma del Código Aduanero para «facilitar el comercio internacional». Para ello, propone eliminar el registro de exportadores e importadores, que crea barreras artificiales que solamente encarecen los productos, con grave perjuicio para sus habitantes; digitalizar los trámites, rediseñar los procesos de retiro de mercadería y autorizar la declaración anticipada para facilitar las operaciones y asegurar su transparencia es necesario; y, a los fines de fomentar las inversiones, considera necesario eliminar también la posibilidad de imponer prohibiciones de importación y exportación económicas, entre otras cuestiones.
13. Derogación de la Ley de Tierras para promover las inversiones. Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras, tiene como objetivo determinar la titularidad, catastral y dominial, de la situación de posesión, bajo cualquier título o situación de hecho de las tierras rurales y regular, respecto de las personas físicas y jurídicas extranjeras, los límites a la titularidad y posesión de tierras rurales, cualquiera sea su destino de uso o producción.
14. Modificación de la Ley de Manejo del Fuego. La Ley de Manejo del Fuego crea el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que organiza las tareas de prevención y combate de incendios de todo el país.
15. Derogación de las obligaciones que los ingenios azucareros tienen en materia de producción azucarera. La Ley N° 18.770 de régimen de entregas de azúcar para consumo en el mercado interno.
16. Liberación del régimen jurídico aplicable al sector vitivinícola. El DNU considera que la industria vitivinícola debe soportar el peso de una excesiva regulación, como ocurre con la Ley N° 18.600 de contratos de elaboración de vinos, la Ley N° 18.905 de política vitivinícola nacional y la Ley N° 22.667 de reconversión vitivinícola.
17. Derogación del sistema nacional del comercio minero y del Banco de Información Minera. Esta decisión apunta a eliminar costos en el sector minero con la derogación de la Ley N° 24.523 del Sistema Nacional de Comercio Minero y la Ley N° 24.695 del Banco Nacional de Información Minera.
18. Autorización para la cesión del paquete accionario total o parcial de Aerolíneas Argentinas. La aerolínea es una sociedad anónima y el gobierno planea la cesión de las acciones o bien a los empleados o bien a un operador privado. «Autorízase la cesión, parcial o total, del paquete accionario de Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas – Cielos del Sur S.A. y de sus empresas controladas, a los empleados de las respectivas empresas de conformidad con el Programa de Propiedad Participada», reza la norma.
19. Implementación de la política de cielos abiertos. Se trata de un conjunto de normas que modifican la ley 17.285 el Código Aeronáutico en la cual se regula la política aerocomercial, permitiendo y simplificando los trámites para la llegada de nuevos operadores al mercado. El antecedente de esta decisión es la política de cielos abiertos que fue implementada durante el gobierno de Carlos Menem.
20. Modificación del Código Civil y Comercial para reforzar el principio de libertad contractual entre las partes. En este punto, a través del artículo 252 del DNU, se establece, entre otras cosas, la libertad de contratación y se consagra la nueva redacción de la siguiente manera: «Las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido, dentro de los límites impuestos por la ley o el orden público».
21. Modificación del Código Civil y Comercial para garantizar que las obligaciones contraídas en moneda extranjera deban ser canceladas en la moneda pactada. En este punto el DNU apunta permitir que las operaciones pactadas en moneda extranjera se cumplan entregando la moneda designada en esa obligación, lo que da viabilidad a los contratos pactados en otras monedas que no sean la de curso legal en el país.
22. Modificación al marco regulatorio de la medicina prepaga y las obras sociales.
23. Eliminación de las restricciones de precios a la industria prepaga.
24. Incorporación de las empresas de medicina prepaga al régimen de obras sociales. Una de las principales cláusulas que se incorporan en los artículos 311 y 312 del DNU es que «los trabajadores que inicien una relación laboral podrán ejercer el derecho de elección de agente del seguro de la Ley N° 23.661». Al mismo tiempo, autoriza a que «los afiliados que hubieren cambiado de agente de seguro deberán permanecer en ella el tiempo mínimo que determine la Autoridad de Aplicación, el que nunca podrá ser superior a UN (1) año, y vencido ese plazo, podrán volver a ejercer esa opción». En este apartado, el DNU elimina requisitos y la administración de la medicina prepaga quitando facultades y el pago de determinados montos a la autoridad de aplicación.
25. Establecimiento de la receta electrónica para agilizar el servicio y minimizar costos.
26. Modificaciones al régimen de empresas farmacéuticas para fomentar la competencia y reducir costos. En este punto el DNU «establece que la prescripción y dispensación de medicamentos, y toda otra prescripción, solo puedan ser redactadas y firmadas a través de plataformas electrónicas habilitadas a tal fin. Establecer que puedan utilizarse plataformas de teleasistencia en salud, en todo el territorio nacional, de conformidad con la Ley N° 25.326 de Protección de los Datos Personales y la Ley N° 26.529 de Derechos del Paciente.»
27. Modificación de la Ley de Sociedades para que los clubes de fútbol puedan convertirse en sociedades anónimas si así lo quisieran. En este punto, el DNU reemplaza varios artículos de la ley 20655 del Deporte pero también introduce modificaciones a la Ley de Sociedades en sus artículo 30 que quedará redactado así: «Las sociedades anónimas y en comandita por acciones solo pueden formar parte de sociedades por acciones y de responsabilidad limitada».
28. Desregulación de los servicios de internet satelital. La norma modifica el artículo 34 de la ley de servicios de comunicación y estipula que «La provisión de facilidades de los sistemas satelitales de comunicaciones será libre. Se requerirá a los titulares de tales sistemas el correspondiente registro para su operación, al solo efecto de coordinar el uso de las frecuencias radioeléctricas y evitar interferencias sobre otros sistemas conforme a la reglamentación que dicte la Autoridad de Aplicación. La prestación de cualquier Servicio de TIC por satélite estará sometida al régimen general de prestación de Servicios de TIC establecido en la presente ley.»
29. Desregulación del sector turístico eliminando el monopolio de las agencias de turismo. Este punto deroga íntegramente la ley 18.828 de 1970 y la ley 26.356 de Tiempos Compartidos
30. Incorporación de herramientas digitales para trámites de los registros automotores. Con este punto buscan simplificar y redefinir las modalidades de inscripción, transferencias y documentación de los automotores.
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