Durante este lunes el Fondo Monetario Internacional oficializó un acuerdo al que llegó con el Gobierno nacional para asistirlo ante la sequía histórica. Para esto se modificó el esquema de metas del programa Extended Fund Facility (EFF) para hacer menos exigente la perspectiva de acumulación de reservas prevista para el 2023. Por el impacto macroeconómico en las cuentas públicas que seguramente dejará el fenómeno climático de falta de agua para la producción agropecuaria la meta trimestral de reservas será reducida en unos USD 3.000 millones y la anual, en unos USD 2.000 millones.
Sin más precisiones, el ente multinacional manifestó su aval a la dirección que lleva adelante el ministro plenipotenciado de Economía, Sergio Massa, al espetar: “La gestión macroeconómica prudente en la segunda mitad de 2022 respaldó la estabilidad y ayudó con cierto margen a asegurar los objetivos del programa hasta fines de año″.
No obstante «se esperan medidas macroeconómicas más sólidas y esfuerzos para asegurar mejorar la cobertura de reservas y revertir las recientes pérdidas».
“Esto acomodará parcialmente el impacto cada vez más severo de la sequía, al mismo tiempo que tendrá en cuenta los efectos compensatorios de menores precios de importación de energía y las medidas de políticas acordadas. Se solicita que la mayor parte de esta acomodación se realice a principios de 2023, en consonancia con el impacto adelantado de la sequía”, adujo el staff del Fondo.
En el cuerpo del texto, el FMI se despachó acerca del costo que acarreará la nueva moratoria previsional votada recientemente por el Congreso de la Nación y sobre la demora en la implementación de la segmentación de tarifas energéticas. Es de recordar que las condiciones impuestas por el organismo en al renegociación de la deuda que adquirió Mauricio Macri, se proyecto una meta de déficit fiscal primario del 1,9 por ciento del PIB en 2023 «a través de controles continuos de gastos, una mejor focalización de los subsidios energéticos y de la asistencia social, y una mejor priorización del gasto de capital, al tiempo que protegen el gasto social y de infraestructura prioritario”.