En la última sesión de la Cámara de Diputados de la Provincia, ingresó para su tratamiento sobre tablas un proyecto de comunicación que sugiere al Gobierno de Omar Perotti suspender los aumentos en las tarifas de los servicios públicos previstos para 2023. Quien impulsó la iniciativa fue el diputado Rubén Giustiniani (Igualdad) que adelantó: «Va a ser un duro golpe para el bolsillo de la gente».
Cabe recordar que la Casa Gris, tras celebrar sendas audiencias públicas de carácter no vinculante, habilitó a que Aguas Santafesinas imponga un aumento del 85 por ciento por el servicio de agua corriente y a la Empresa Provincial de la Energía se le dio permiso para encarecer las boletas en un 34,5 por ciento a partir de abril. Según precisó el legislador de izquierda, para los usuarios residenciales la suba estará 10 puntos más arriba. «De diciembre de 2022 a marzo de 2023 subió un 73 por ciento y ahora viene el nuevo aumento», espetó desde su banca.
En su alocución comentó que el día miércoles, los diputados que presiden cada bloque dentro de la Cámara tuvieron un encuentro con el director de la EPE, Mauricio Caussi. En el cónclave que duró 2 horas se habló de la situación del servicio tras un verano con varias olas de calor extremo: Nivel de inversiones, dificultades para acceder a meteriales importados, capacidad operativa y la calidad del servicio.
Durante la defensa de su proyecto Giustiniani comentó las respuestas que obtuvo del funcionario, que estuvo acompañado de dos gerentes ejecutivos, Jorge Tarquini y Marcelo Cassin; al consultarlo sobre el nuevo incremento en el servicio. «Nos dijeron que las inversiones se financian con la tarifa y eso es para una empresa privada no para una manejada por el Estado», se quejó al tiempo que recordó que en Santa Fe «hubo épocas de intentos privatizadores».
En ese sentido, mencionó otras de los datos que le brindaron. «Nos explicaron que cada usuario pasara a pagar 385 pesos por día. Una familia tipo puede usar 300 kilowatss por mes. Si lo multiplicamos son más de 11 mil pesos», señaló y comentó también mencionó una analogías espetada por los directivos para tratar de hacerle comprender que las subas están justificadas: «Comparemos cuánto cuesta un paquete de cigarrillos».
«Es una empresa monopólica que brinda un servicio que responde a un servicio humano», completó el diputado.
Audiencias públicas «para la tribuna».-
En otro orden, Giustiniani también se despachó sobre las audiencias públicas de carácter no vinculante que se celebran a instancias del Gobierno antes de cada anuncio de aumento en los servicios. En su parecer, la organización es «irregular» ya que deja, por ejemplo, a los legisladores que asisten relegados al final de la lista de oradores.
En esa línea, acusó algo aún más grave que es que lo que allí se delibera no altera la decisión inicial de encarecer la prestación. «Son para la tribuna. La empresa pide el aumento y a pesar de la resistencia que ofrecen ciudadanos, legisladores, empresarios pyme y demás, la tarifa termina subiendo igual», señaló. «Los Gobiernos no pueden pasar por alto lo que surge de las audiencias», completó.