En cadena nacional, el Presidente de la Nación, Javier Milei, anunció la publicación de un megadecreto que sienta las «bases para la reconstrucción económica de la Argentina» a través de la modificación y/o eliminación de más de 300 normas que constituyen el andamiaje legal del país. En una nueva afrenta al poder Legislativo (el primero fue cuando se negó a dar su primer discurso presidencial ante la Asamblea Legislativa), el ultraderechista se arroga facultades que no emanan de la investidura que le otorgaron las urnas.
“Comenzamos a destrabar este andamiaje jurídico institucional opresor que ha destruido a nuestro país”, sentenció Milei desde el Salón Blanco de la Casa Rosada. Por la extensión del DNU no abundaron las explicaciones o precisiones sobre cada una de las acciones.
Todo esto, se anunció el día en que se conmemoraba el vigésimo segundo aniversario del estallido social del 2001 en medio del la primera aplicación del protocolo anti piquetes impulsado por Patricia Bullrich. En la noche del miércoles, tras la cadena nacional, miles de personas se unieron a un cacerolazo en rechazo a la batería de medidas anunciada.
Con pleno aire de la filosofía liberal -que el Estado tenga la menor participación en el mercado- se derogan la Ley de Alquileres, la de Abastecimiento, la de Góndolas, la de Compre Nacional, y las de Promoción Comercial e Industrial. En el mismo sentido da fin a la Ley de Tierras y reforma el Código Aduanero.
Además, se desregula la medicina prepaga y las obras sociales, en un intento de asestar un golpe a los sindicatos que manejan buena parte de la esa caja. En este aspecto también se cambia el marco que contiene a las empresas farmacéuticas para «fomentar la competencia y reducir costos». Aquí los profesionales médicos en vez de poder recetar la droga genérica deberán ordenar por marcas en particular que irá de la mano con que los laboratorios de mayor espalda puedan inundar y acaparar la oferta de cierto remedio imponiendo así los precios que quiera.
En otro orden, el texto impulsa fuertes cambios en la legislación que resguarda a los trabajadores en la relación con los patrones. Por caso, el período de pruebas en un empleo se extiende de 3 a 8 meses, se recorta la indemnización por despidos a caballo de la exclusión de tickets canasta, vales alimentarios, bonos anuales y otros gastos puntuales como el pago del teléfono móvil. Otro de los puntos que impulsa el Gobierno es la creación de un fondo de cese laboral para cubrir las indemnizaciones por despido a partir de un aporte mensual que debería hacer el empleador.
Sobre los alquileres, se liberaliza el mercado permitiendo que, por ejemplo, los precios sean consensuados por las partes y lo propio para las actualizaciones. Además, la transacción se podrá acordar en cualquier moneda que, en definitiva, escoja quien tiene la posición dominante, es decir, el propietario o la inmobiliaria.