En la tarde de este jueves, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, presentó un protocolo «para garantizar el orden público» ante cortes de calles, bloqueos o piquetes. El comunicado comienza con un encabezado en letras mayúsculas que reza: «Sin libertad no hay orden y sin orden no hay progreso».
El punteo incluye la identificación de quienes corten arterias, la aplicación de las leyes que contemplan hasta penas de prisión y el cobro de los gastos que demande la intervención de las fuerzas de seguridad a las organizaciones que violen la normativa. La guía de procedimiento también prevé que las 4 fuerzas federales podrán intervenir «si hay un delito flagrante durante una manifestación«. Aseguró que utilizarán «la mínima fuerza necesaria y suficiente» la cual será «graduada en proporción a la resistencia» que se oponga.
«La ley no se cumple a medias, se cumple o no se cumple», expresó ante la prensa la ex candidata presidencial del PRO.
Asimismo adelantó que «serán determinados los delitos hasta una nueva ley que se va a presentar a corto plazo de acuerdo al artículo 194 del Código Penal». Dicho apartado de la ley expresa: «el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años».
El protocolo anti protestas se conoció luego de que la conducción nacional de las organizaciones de izquierda nucleadas en la Unidad Piquetera (UP) confirmara esta semana que el próximo miércoles realizarán un «paro activo» en la Plaza de Mayo, como respuesta a «los anuncios» del ministro de Economía, Nicolás Caputo.