En la sesión extraordinaria de este jueves, la Cámara de Diputados de la Provincia aprobó una declaración de preocupación por la poda de fondos nacionales destinados por ley a la educación. Asimismo se abarcó el impacto que producirá la extensión del Presupuesto 2023 en el funcionamiento de las universidades en medio de la disparada inflacionaria promovida por el Gobierno nacional.
La impulsora de una de las iniciativas, la diputada socialista Gisel Mahmud, celebró la aprobación del proyecto en el que expresan “la preocupación compartida por la interrupción de algunas partidas que el Gobierno nacional asignó históricamente a Santa Fe, como el Fondo de Incentivo Docente y para comedores escolares». A eso, remarcó que dichos recursos «están en el Presupuesto Nacional 2024 y el Gobierno tiene la obligación de enviarlos porque así lo prevé la Ley de Educación”.
“Ante el inicio de un nuevo ciclo lectivo, lejos de estar acompañando a las provincias para garantizar una educación de calidad, el Presidente Javier Milei tomó la decisión de un día para otro de no enviar recursos que están presupuestados y deben llegar por ley. Esto repercute de manera muy negativa en los docentes, que tienen derecho a enseñar; y en las niñas y niños, cuando sabemos que muchos de ellos están en la pobreza e indigencia”, consideró y agregó: «el Gobierno de Maximiliano Pullaro, tiene un plan educativo que está llevando adelante pero también necesita de esos recursos”.
Como era de esperarse, las bancadas que comulgan con el ideario de ultraderecha o responden directamente a La Libertad Avanza se opusieron a acompañar la manifestación institucional. Una de las primeras en fundamentar su rechazo fue Natalia Armas Belavi, que aseguró que la declaración tiene tintes políticos y no reviste una verdadera preocupación por la educación de los niños y niñas de Santa Fe. «Se está aprobando un proyecto muy amplio. Habla de fondos sobre los que no se especifica ni establece los objetivos de su destino. Creo que se está buscando tomar a la educación como materia de discusión política. Pido que los legisladores nos ocupemos de los temas y no solo nos preocupemos», expresó. En su mensaje dejó una frase que es de destacar a instancias de las ideas de su espacio político: «En materia de educación nuestros chicos tiene que aprender y tiene que haber sobre todo justicia social en el aprendizaje y en la educación». Cabe recordar que el Presidente Milei, en más de una oportunidad, sostuvo que la Juticia Social es «un concepto aberrante, porque le roba a uno para darle a otro».
En tanto, la diputada Silvia Malfesi, titular del partido del León en Santa Fe, se abstuvo en la votación. Llamó a que sos pares «se saquen la careta» y fue fulminante con sus palabras: «Tenemos un sistema educativo terminado y sin educación primaria. Los comedores solo muestran la pobreza. La escuela está para enseñar y aprender, y hoy se convirtió a los directores en personas que tienen responsabilidades varias». Más adelante, al referirse a la educación superior que también sufre el embate nacional aseguró que «los pobres no llegan a la universidad y mucha gente de clase media y alta podrían pagarse los estudios. Con el impuesto inflacionario, los cartoneros le están pagando la carrera a mayores de 18 años que ya podrían contribuir a los gastos universitarios». En sintonía con Milei propuso que en vez de que el Estado ponga dinero en las Universidades se lo de a los padres de los alumnos.
Desde el justicialismo, fue el diputado y ex ministro de Economía, Walter Agosto, quien recordó el propósito del Fondo de Incentivo Docente hoy suspendido. «El Fonid representa el 0,17 de PBI. No obstante, es un ítem relevante dentro del recibo de sueldo de los docentes. Para algunos, casi el 13 por ciento de su salario. Es un instrumento universal, es decir, que alcanza a todos los docentes argentinos. Fue un instrumento creado para la coordinación y compensación financiera del sistema educativo. No es solo una transferencia monetaria para mejorar sueldos, es también un instrumento de coordinación financiera que le permite al Estado nacional ser el garante del acceso a la educación. Por eso es un problema compartido entre Nación y las provincias», expuso.
Desde la UCR, la diputada Silvana Di Stefano, volvió a bregar por el diálogo entre las provincias y la Casa Rosada más allá que desde este último recinto han dado sobradas muestras de desconocer tal ejercicio. «La desaparición del Fonid es central y preocupante porque afecta a 1 millón y medio de educadores de todo el país que dejan de percibir este complemento del sueldo. Es entre el 3 y 10 por ciento del salario inicial. En algunas provincias podemos hablar de hasta el 20 por ciento. Solo el año pasado, el Fonid erogó 333 mil millones de pesos. Está incluido en el Presupuesto 2024 que se tiene que cumplir. Significa que 3.700 millones de pesos no se volcarán a las economías locales y a los bolsillos de los docentes», consignó.
A su turno, la ex ministra de Educación de la gestión de Miguel Lifschitz y actual legisladora del Frente Amplio por la Soberanía, Claudia Balagué, quien por elevación le apuntó a Armas Belavi: «Es mentira que no se sabe a dónde va el incentivo docente. Al contrario. Se sabe porque impacta directamente en los salarios de las y los docentes de todo el país. Deberíamos estar cumpliendo rigurosamente con el 6 por ciento del PBI para la educación».