Este viernes, el fiscal de Estado de la Provincia, Domingo Rondina, dejó conocer que el Gobierno de Maximiliano Pullaro resolvió no apelar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia en las causas vinculadas a las inundaciones ocurridas en la ciudad de Santa Fe en 2003. De esta manera, se pone final a los reclamos económicos de los damnificados. Cabe recordar que el Máximo Tribunal local “resolvió por primera vez indemnizar a las familias afectadas por la tremenda inundación de 2003. Después de 21 años la Corte decidió que la culpa fue del Gobierno provincial de ese momento”. Y sumó que “es inexcusable la responsabilidad por la falta de obras y de previsión de la Provincia, así que en ese sentido condena a la Provincia a indemnizar a todas las familias que sufrieron como consecuencia de la inundación”. Y reparó: «Lo habitual sería apelar esta sentencia mediante un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
«Las familias han esperado 21 años para que se les haga justicia. Es gente que además de sufrir la inundación tuvo que padecer la tremenda demora del Poder Judicial y la desatención del Gobierno”
Fiscal de estado de la Provincia, Domingo Rondina
En la misma línea, el funcionario mencionó que la Corte tomó la decisión de “que aquellas personas que cobraron la indemnización que pagaba en aquel momento el Ente de la Reconstrucción, ya están suficientemente compensadas con aquella indemnización, pero que quienes no cobraron tienen derecho a cobrar ahora, siempre y cuando hayan hecho su juicio”.
“Creemos que ahora hay que dejar que termine la causa. Ya se decidió que la Provincia es responsable, y la Provincia se hará responsable. Quienes no cobraron y tuvieron que hacer juicio, serán pagados cada uno en su expediente. Con esto se tiene que cerrar por lo menos esta parte de esa tremenda historia”, apuntó el fiscal. “Estimo que durante este año ya todos los casos van a van a quedar en posición de empezarse a liquidar las sumas”, precisó y reconoció que “seguir dilatando la cuestión judicial era seguir manteniendo abierta las heridas de la ciudad: tenemos que cerrar por lo menos la etapa jurídica de la inundación”.