Desde este jueves, la Provincia de Santa Fe se suma a otras del país que encaran con sus propios recursos humanos y económicos el delito de venta de drogas al por menor, desligándose de los fueros nacionales. El texto fue aprobado por la Cámara de Diputados horas después de llegar a las manos de los legisladores, lo que concitó las quejas de algunos miembros del Cuerpo. Además, a instancias del interbloque justicialista se sumó una cláusula que prevé que la autoridad de implementación deberá efectuar un informe al cabo de 24 meses y remitirlo a la Cámara para la evolución de la norma.
Al momento de las manifestaciones el primero en tomar la palabra fue el miembro informante del oficialismo, el ex Intendente José Corral. “Votamos a favor sabiendo que cumplimos con una propuesta de campaña” comenzó remarcando el radical. Para el legislador «no hay motivos para que Santa Fe siga al margen de esta ley» dado que provincias linderas «tienen resultados en curso pero que se puede afirmar son positivos».
“Santa Fe tieme mil kilómetros de extensión y tán sólo un puñado de jueces. Pensemos en un puesto de droga en Tostado que tiene un fiscal en Rafaela y si hay apelación la causa se va a Rosario”, ejemplificó para respaldar que la adhesión a la ley habilitará la entrada en acción de más recurso judicial radicado en otras latitudes de La Bota. Asimismo, aseguró que “la policía podrá actuar con una celeridad que hoy no existe» y recordó que anteriormente las autoridades locales debieron «juzgar a bandas narco por robos, homicidios y asociación ilícita porque el delito de narcotráfico es federal».
A continuación llegó la primer abstención de la tarde. Fue la diputada del massismo, Verónica Varo Graf, quien objetó haber recibo el texto de la ley horas antes de la sesión. “Amerita en este Cuerpo un debate en comisiones y la posibilidad de conocer lo que estamos votando”, señaló tras confesar que se siente «insegura» respecto de la Ley de Narcomenudeo que ya había sido avalada por el Senado.
En la misma tónica, se pronunció la reelecta diputada del Movimiento Evita, Lucila De Ponti. «La gran mayoría del interbloque va a acompañar por ser una prerrogativa del Gobernador que entiende que es una herramienta necesaria», argumentó para luego dar a conocer que no participaría de esa postura. «Decido abstenerme», completó.
Posteriormente sería el médico y ex senador por el Departamento Rosario, Miguel Rabbia, quien se abstendría de votar. Basó su parecer en que se «ha desensibilizado la percepción de riesgo sobre el consumo» de sustancias estupefacientes por lo que se la ha dado libre movilidad a que las personas se droguen. Es que apoyó sus dichos en un reclamo de Emiliano Peralta (Somos Vida) -que voto en positivo- acerca del caracter punitivo de la ley y la no vindicación de la prevención en el consumo. «Aquí también hay oferta y demanda y si no hgubiera demanda no pasarían las cosas que lamentamos», esgrimió.
La última abstención fue la de la ex vicegobernadora Alejandra Rodenas que postuló: «La adhesión lisa y llana a la ley de narcomenudeo no me genera las garantías necesarias para votar a favor». Como sustento había expuesto que su «postura histórica» que «tiene que ver con que la persecución penal se podía dar siempre y cuando se contara con las infraestructuras necesarias que no solamente están sostenidas por recursos materiales y por la cantidad de fiscales sino también por el cambio de paradigma de sobre quien tiene que caer la investigación penal preparatoria«. Y aseguró: «Si cae sobre el consumidor vamos a seguir revictimizando a la población más vulnerable que por muchos motivos recurre a la venta por no tener otra salida en la vida».
Desde la oposición, habló la ex ministra de Gobierno de Perotti, Celia Arena. Embanderándose en un espíritu de colaboración con el Gobierno de Maximiliano Pullaro -«para ser una oposición diferente con la que nosotros nos encontramos en su momento«, según expresó- adelantó el acompañamiento justicialista. No obstante, mencionó que en el trabajo parlamentario pidió una semana para poder conocer la letra de la ley.
Yendo al meollo de la cuestión, consideró que «un fiscal, un juez con mayor conocimiento del territorio puede dar una respuesta más rápida y puede tener impacto en la comercialización pero sobre todo lo hará en los niveles de violencia». Para la legisladora debe haber «claridad en que la política criminal no es perseguir al consumidor» sino «apuntar a quien comercializa para evitar los niveles de violencia en el antagonismo de bandas crezca».
Por último, advirtió: «Esta ley sin afectación de recursos es solo una declaración de principios».
Otro apoyo con ciertas observaciones lo dio Ariel Bermúdez, cercano al Intendente de Rosario, que también reveló tener una histórica oposición a la aplicación de la ley de narcomenudeo en Santa Fe. Amén de ello admitió: «Los santafesinos estamos hartos de ir a Buenos Aires para que no nos vean y no nos escuchen». El rosarino también hizo hincapié en la prevención del consumo y en la contención de las adicciones. «Ojalá haya presupuesto del Gobierno provincial para que haya una sala de desintoxicación en cada hospital y se haga prevención en cada escuela», aspiró y sumó: «No sé si es la mejor ley pero seguramente algo va a cambiar».
A su turno, desde la bancada «celeste» habló la libertaria Natalia Armas Belavis para informar su apoyo a la norma. «Acompaño esto pero no con pleno convencimiento sino porque no encuentro un motivo para decir que no», reveló. «Temo que esta ley vaya a criminalizar al más vulnerable, al que consume», confesó.
Los únicos votos en contra provinieron de las 3 bancas del Frente Amplio por la Soberanía que encabeza Carlos Del Frade. El también periodista de investigación dio un enérgico discurso reiterando su férrea oposición a desfederalizar el microtráfico de drogas. «La ley nace de hacer una caja negra para los sectores corruptos de la policía que libera la zona en determinados barrios haciendo zonas de gobiernos de facto de estos sectores narcopoliciales«, fustigó. «Esta ley es cargar sobre los barrios pobres y llenar las cáceles de pobres mientras por arriba no se persigue el lavado de dinero», sumó.
Es que Del Frade considera que no es momento de la aplicación de esta ley, por lo menos, no con las fuerzas de seguridad que actualmente tiene la provincia. «El problema que tenemos es la corrupción dentro de las fuerzas policiales y en el servicio penitenciario. Muchos se suben al patrullero para habilitar y cuidar al negocio de droga en lugar de cuidar a la gente del barrio y esto es un problema político. No es un problema militar», agregó y remarcó que en los distritos de la Argentina en dónde el narcomenudeo es competencia provincial, los resultados no han sido buenos. «Hubo más asesinatos, más causas vinculadas al narco, creció el consumo y se poblaron las cárceles de pobres», aseveró.
Y, por último, le respondió al miembro informante que abrió la ronda de manifestaciones: «Que no sea que por cumplir promesas electorales estemos agrandando el problema y, seguramente, favoreciendo el negocio del narcotráfico y la violencia».