Este martes, en los Tribunales de Santa Fe, las asociaciones civiles Palabras y Tramas, engrosaron el universo de organizaciones que forman parte de la querella contra la ONG ultracatólica Grávida que buscó evitar que se le realizara un aborto a una niña de 12 años que había sido violada por su padre. Tras el escándalo que produjo que un grupo de personas burlaran la cadena de cuidados del Estado, el Ejecutivo Provincial procedió a presentar una denuncia para conocer las circunstancias de lo acontecido.
En dicha presentación, solicitan a la Justicia que determine si el accionar de la ONG que interceptó a la niña y a su madre oriundas de la localidad de Garibaldi, y luego las metió en un hogar de monjas en el centro de Santa Fe, constituye o no un delito.
«Desde el Movimiento de Mujeres, Palabras y Tramas pedimos que se investigue a partir de la denuncia del Gobierno si acá hay comisión de delito«, explicó Silvia Ferrero de la Asociación Palabras. Y sumó: «Nos preocupa que el accionar de Grávida no es la primera».
Por su parte, desde la Asociación Tramas, Guillermo Munné describió que lo ocurrido a principios de año «parece ser el accionar de varias personas», al tiempo que apoyó la declaración de Ferrero: «Ante los medios de comunicación hablaron profesionales de la medicina que señalaban haber intervenido de manera similar en más casos».
Consultado por la prensa sobre las carátulas delictuales que se barajan desde la Justicia, el referente sostuvo que dependerá «de lo que resulte de la investigación» la calificación. «Hay distintas posibilidades de conductas penalmente reprochables. Por lo pronto hay interferencia en las disposiciones de la autoridad del Estado, hay lesiones al derecho a la salud de la niña y habría que ver de qué modo se afectó su libertad personal, ambulatoria», esgrimió.
En tal sentido, espetó que lo que persigues es que «no haya impunidad en los aspectos penales, las responsabilidades de las personas humanas que hayan conculcado los derechos de la niña y también que no haya impunidad respecto de otras responsabilidades como la administrativa«. Munné, amplió graficando que se intentará conocer «si hay una persona jurídica autorizada que esta haciendo una aplicación desviada de la autorización que la ha dado el Estado para funcionar». Con esto, el representante de la Asociación, se refiere a cuáles son los límites de acción que tiene una ONG de acuerdo a la normativa por la cual se las habilita como tales. Es de destacar que Grávida obtuvo su personería jurídica durante la última gestión del Frente Progresista, más precisamente, de Ricardo Silberstein en el Ministerio de Justicia como bien informó oportunamente un sector del periodismo santafesino cercano al justicialismo.
Esa revelación se dio tras conocerse que la actual secretaria de Niñez, Patricia Chialvo, cuya dependencia era parte crucial en el cobijo de la niña que buscaba hacer efectivo su derecho a la salud, durante su mandato como diputada provincial tuvo como asesor al Dr. Raúl Dalla Fontana, miembro de Grávida. Vale resaltar que el médico ginecólogo fue parte del equipo de profesionales que le negó el acceso al aborto terapéutico a Ana María Acevedo en el año 2006. Anteriormente a su contribución al equipo de Chialvo, Dalla Fontana fue parte del equipo legislativo de la ex diputada Silvina Frana, actual ministra de Obras Públicas de Omar Perotti.