Este martes se lleva adelante el segundo día de paro anunciado por los gremios docentes como rechazo a la magra oferta salarial recibida en la última mesa salarial. El malestar que impulsa la propuesta no es solamente por el 7 por ciento ofrecido en un contexto inflacionario de casi 50 puntos en dos meses sino también por el giro discursivo que utilizó la Casa Gris que habló de un incremento del 43,4 por ciento, incorporando a la política salarial del 2024 la cláusula de actualización del año pasado.
En tanto, la administración del radical Maximiliano Pullaro hace trinchera en la eficiencia de los recursos existentes y en la merma de recaudación a instancia de la motosierra del ultraderechista Javier Milei al frente del Gobierno Nacional. Desde esa perspectiva, optan por la cautela en la mesa paritaria y prefieren «manejarse con responsabilidad» en el reparto de fondos. «Aquí no viven solamente los empleados públicos, que tienen necesidades y las entendemos. Ofrecemos lo que tenemos para ofrecer. Con el 7 por ciento que ofrecimos para marzo vamos a estar pagando 43,4 por ciento más de lo que se pagaba en diciembre, y los recursos no llegaron a ese número, hacemos un esfuerzo enorme», expuso el ministro de Gobierno, Fabián Bastía.
Endureciendo un poco más su discurso, el funcionario sostuvo que en días de la semana pasada tuvieron que afrontar un 35 por ciento de ausentismo, lo que consideró como «intolerable para la sociedad». Y sumó: «Ese dinero que se van en ausentismo es un dinero que tiene que mejorar los salarios de los que van al aula todos los día».
Por su parte, los representantes de los trabajadores de la educación, durante la movilización presenciada este lunes en la Plaza 25 de Mayo, apuntaron a una victimización por parte del Gobierno y hasta le acercaron una recomendación. «Todos los años se dice lo mismo, la provincia tiene recursos y si están pasando por un momento en el que los recursos no alcanzan, también tiene la Legislatura, donde puede hacer una reforma tributaria para que los que más tienen, más aporten. La plata está concentrada en grandes grupos y no en el bolsillo de los trabajadores. El Gobierno tiene que tomar una definición política que tiene que ir en línea con lo que necesitan los docentes y las escuelas públicas», manifestó Rodrigo Alonso de Amsafé.