En la reunión convocada tras un pedido formal realizado por la diputada provincial socialista Erica Hynes, la Comisión de Acuerdos de la Legislatura provincial decidió suspender de sus funciones al fiscal Aldo Gerosa hasta tanto culmine la investigación que pesa sobre él. La propia legisladora espetó que la medida es «preventiva» ya que la continuidad en el puesto «podría entorpecer la investigación». Es que el funcionario está acusado de haber presionado a una joven que fue violada durante años por su tío, Marcelo Galaz, quien fuera secretario del ex intendente de Avellaneda y actual senador nacional, Dionisio Scarpin. A todo esto se suma que el fiscal mantuvo conversaciones con el senador del Departamento General Obligado, Orfilio Marcón, y le habría suministrado información crucial para la causa antes que a nadie.
En efecto, el documento que contiene el pedido de la diputada socialista se titula «suspensión preventiva» y busca -además de asegurar la pesquisas necesarias que continuarán a paritr de lo acontecido en la Legislatura esta tarde- y que se evite incurrir en otro episodio de «revictimización de la joven abusada». Con base en el reporte que emitió el Audito General del MPA, Dr. Leandro Mai, los legisladores hicieron eco de la «recomendación» de que Gerosa no desempeñe funciones mientras se dilucida su accionar en el caso. Dicho texto de la Auditoría expone que «los hechos investigados configurarían supuestos de mal desempeño funcional e institucional».
Al momento de tomar la palabra, el más efusivo fue el diputado radical alfonsinista Fabián Palo Oliver quien se apoyó en el informe del Auditor para señalar la «inconducta» de Gerosa reflejados en «las contundentes pruebas y relatos» brindada por la víctima del abuso.
«Vamos a acercar a la Comisión fallos apelados por Gerosa en casos similares por considerarlos no reparadores para las víctimas»
Diputado Fabián Palo Oliver
De allí pasó a criticar, caracterizándola de «clasista», a la Justicia santafesina. «Estoy seguro que si Galaz no huebiera tenido medios económicos o contactos políticos non hubiera sido condenado a 7 años de prisión en un juicio abreviado», bramó. Para Oliver hay además «una trama de protección a Galaz» que implica al fiscal regional Rubén Martínez y al Senador Marcón. En ese sentido propuso ampliar la investigación para que estos dos últimos mencionados también pasen por el escrutinio de la Comisión de Asuntos de la Asamblea Legislativa. Es por eso que el lunes próximo presentará un pedido en aras de tal empresa y aseguró: «Gerosa no pudo haber actuado en soledad». Buscará que a los 3 se los achaque las figuras de cohecho, abuso de autoridad, incumplimiento de función pública y negociaciones incompatibles con la función pública.
Y siempre severo con el desempeño de la Cámara Alta de la Legislatura, Oliver insistió con la gravedad que supone la interacción indebida entre poderes. «¿Hasta cuándo vamos a naturalizar que un senador tenga este tipo de conversaciones con un fiscal?», espetó.
Por otro lado, el diputado del Bloque Vida y Familia, Nicolás Mayoraz, adelantó la abstención de su espacio argumentando que «todo el proceso estuvo mal». Aprovechando su hábil oratoria en cuestiones jurídicas, pasó a criticar políticas de Estado en cuando a la perspectiva de género asegurando que «no sirven para nada» ya que «el tratamiento que se dio a la víctima durante el juicio fue violento». Para el diputado, la Fiscalía General «debería establecer un protocolo de acción para este tipo de casos».
No obstante, el punto álgido de su alocución fue cuando señaló que a Gerosa no se lo condenó por un figura por la que podría se sentenciado a 10 años de prisión como mínimo.«¿A dónde quedó el delito de corrupción de menores?», le requirió a la presidencia. Mayoráz como el resto de los legisladores consideró muy leve la pena impuesta sobre el fiscal y agregó como ampliación que la lupa también debería posarse sobre el accionar de los jueces actuantes, quienes convalidaron el juicio abreviado. Por último, pidió que en adelante las pesquisas que se lleven en torno al abuso sexual relatado no «sean una tortura» sobre la víctima.
Sobre el final de la sesión conjunta, se le otorgó el micrófono al Senador Marcón quien se defendió. «Nunca apañé ni apañaré a un violador. Mal que se diga y que haya personas que se dedican a organizar un esquema de trabajo para hacerme ver como un defensor de violadores», sostuvo. «Acá cuando se habla de una incidencia política partidaria… de ninguna manera», continuó contrariando al resto de los legisladores.
«Quiero que sepan que con otra persona somos titulares de una oficina que es de nuestra propiedad. El Senado no tiene que pagar el alquiler donde yo y mi equipo, en el que hay muchas mujeres, atendemos a todo el mundo», acotó el representante del Departamento del norte santafesino y reconoció que un día a través de su secretaria «el Dr. Gerosa empezó a pedir una entrevista».
«Me contó su historia, su preocupación, su dolor y sus padeceres por los muchos concursos en los que había participado», ahondó. Es que Gerosa siempre persiguió llegar a juez pero no pudo hacerlo en concurso con otros aspirantes. «Estuvimos una hora hablando», admitió Marcón, tiempo en el que le preguntó por la causa y el fiscal le informó que el caso «estaba avanzando según los pasos que legalmente corresponde».
«Yo no pedí ni mas ni menos pena para el señor Galaz», expuso el senador y agregó: «No he movido un dedo ni lo haré nunca por una persona que no respeta los derechos de la mujeres, principalmente, y de los hombres».
Cabe recordar a los lectores que Aldo Gerosa está cuestionado por su actuación en el caso de Galaz, quien admitió haber cometido el delito de violación durante seis años contra su sobrina menor de edad. La semana pasada un tribunal de Reconquista aceptó el juicio abreviado a pedido de las partes y el mencionado ex funcionario municipal pagó un resarcimiento económico. Purgará siete años de prisión cuando en un primer momento el fiscal Gerosa había solicitado 32 años de condena.