En la sesión de este jueves la Cámara de Diputados de Santa Fe dio media sanción a la «regulación del derecho a comunicación telefónica que gozan quienes se encuentran recluidos en establecimientos penitenciarios provinciales para tomar contacto con familiares, amigos, abogados, curadores y abogados».
El texto, en su escueto cuerpo, propone y recomienda la «instalación de inhibidores de señal de telefonía móvil e internet inalámbrica en las unidades penitenciarias». Cabe recordar que la adquisición de tal tecnología fue gestionada por el Gobierno de la Provincia en Israel y de acuerdo con el secretario de Asuntos Penitenciarios, Walter Gálvez, los aparatos llegarían durante el mes de junio. “Santa Fe será la primera provincia del país que va a tener una unidad penitenciaria como Piñero –que aloja jefes narcos y presos de alto perfil- totalmente infranqueable”, avizoró el primer día del sexto mes de 2023.
Al momento de las manifestaciones -que no contó con la palabra de la diputada impulsora, Ximena Sola, por encontrarse ausente con aviso-, fue el legislador Nicolás Mayoraz del bloque Somos Vida recordó que desde su espacio, en agosto de 2021, presentaron un proyecto que directamente eliminaba el uso de teléfonos celulares en la población carcelaria. «Entendíamos que la cárcel como centro de comisión de delitos era algo que estaba ocurriendo en todo el mundo», señaló. «En reuniones con los fiscales, nos decían que el 90 por ciento de las balaceras en Rosario se organizan de manera intra muro«, sumó y expresó que no sabía qué decirle a la gente cuando le preguntaban porqué no se sancionaba una ley prohibitoria.
En ese sentido, Mayoraz fue contundente al manifestar «el sabor a poco» que le deja la media sanción que se estaba por dar en el recinto. «Existe una ley nacional que prohíbe el uso de celulares en las cárceles, a la que la provincia adhirió, y que plantea la incorporación de dispositivos que interrumpen la señal de los teléfonos», expuso. Aparentemente, según deslizó, ese habría sido el motivo por el que su iniciativa no avanzó en las comisiones de la Cámara hasta perder estado parlamentario.
«Lo que estamos aprobando hoy, a penas, dice que se provee la instalación de inhibidores», se quejó. Y agregó: «No necesitamos esta ley provincial que diga esto».
«Si bien acompaño, no espero nada de este Gobierno que se pasó 4 años tramitando los inhibidores y recién ahora estamos viendo el uso de scanners pero que quede como un compromiso para la próxima gestión», espetó el diputado celeste.
Por tanto, adelantó que insistiría con su intención de prohibir los celulares en los penales ya que se necesita «un marco legal que llene el vacío de la legislación santafesina ya que no hay un régimen de sanciones para el que utiliza celulares».
«Con total tranquilidad les digo que esto no viola ninguna normativa de derechos humanos como les preocupa a algunos«, sostuvo por que cumple a rajatabla con las normas de las naciones Unidas y se pude armonizar el derecho a la comunicación que tienen las personas privadas de la libertad y aún así prohibir severamente el uso de celulares«, concluyó.
A su turno, el diputado de izquierda, Carlos Del Frade, dejó claro el apoyo a lo que se estaba votando. «Es necesario profundizar el debate», inició para preguntar: «¿El problema es lo que está adentro de las cárceles o lo que está afuera?».
Posteriormente, se inclinó por lo segundo. «El pasado sábado la organización narcopolicial Los Monos plantó una bandera de 40 metros en la tribuna de Newell’s durante la despedida de Maxi Rodríguez y la estrategia fue tan buena que al otro día se estaban vendiendo remeras con el mismo dibujo», ejemplificó. «La cancha chica del fútbol muestra como funciona la cancha grande de la realidad», aunó. «La bandera que se vio el sábado fue la síntesis de una parte de la banda de los monos: empresarial, asesina, cobarde que amenaza a los chicos en las escuelas», trajo a colación el también periodista de investigación.
«Los que están presos hoy – por los líderes de la mencionada banda criminal- en cárceles federales tienen la capacidad de hacer cualquier cosa desde ahí«, apuntó para asegurar que «los inhibidores de celulares resultan una cosa de sentido común«. Y volvió a requerir a sus pares: «¿Pero el problema dónde está? ¿Afuera o adentro de las cárceles?».
«El problema de lo que pasa en las cárceles es que afuera hay muchísima gente que trabaja para los que están adentro”, sentenció Del Frade.
Qué antecedentes hay en Santa Fe.-
En la provincia está prohibido el uso de celulares en las cárceles desde 2017: A través de la Resolución 07/17 de la secretaría de Asuntos Penitenciarios prohibió “como regla general la posesión y la utilización de equipos o terminales de telefonía móvil por parte de la población penal”. Dicha prohibición se extiende a “todos los dispositivos aptos para entablar comunicaciones a través de las redes sociales”. Sin embargo, la disposición plantea excepciones.
En ese pequeño universo, se estipula que podrán usar dichos aparatos y hasta computadoras, siempre que sea “supervisado su uso, y con fines pedagógicos”. Para ello, las entidades responsables de desarrollar dichas tareas deberán presentar un listado de los elementos que requieran. Además, se contempla que los directores podrán autorizar el uso de celulares en “aquellos establecimientos ubicados en zonas rurales o sin acceso a la red de telefonía fija”. Estas dependencias deberán alojar detenidos considerados “de buena conducta, a juicio del director de Régimen Correccional”.
De la misma manera, la gestión del entonces ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, también habilitó el uso de celulares en aquellos penales en los que existan “dificultades prácticas para garantizar la comunicación mediante telefonía fija, siempre que se trate de pabellones destinados exclusivamente al alojamiento de internos que se encuentren en Período de Prueba o en la segunda fase del Período de Tratamiento”.