En medio de la tensión por la Reforma Constitucional que el Gobernador Gerardo Morales impulsó y logró aprobar en la Legislatura de manera express, se están desarrollando graves incidentes en San Salvador de Jujuy. Las manifestaciones durante el fin de semana se dieron en Pumamarca y este martes se desarrolla en la Legislatura provincial, en la capital provincial. Se reportó, por lo menos, un herido de gravedad por la represión estatal.
Allí grupos de personas llegaron en oposición al tratamiento de la Reforma Constitucional que, por ejemplo, criminaliza la protesta. Entre los manifestantes hay ciudadanos autoconvocados, pueblos originarios y trabajadores estatales y de la educación que también reclaman por la reapertura de paritarias. En los alrededores de la Casa de Leyes jujeña, la policía de Morales está reprimiendo fuertemente a todo quien se acerque.
En Twitter, el mandatario provincial achacó la culpa de las escaramuzas al Presidente de la Nación, Alberto Fernández, y a su vice, Cristina Fernández de Kirchner. «A 40 años de democracia, repudio y llamo a todos los argentinos a repudiar lo que está haciendo el kirchnerismo y el Frente de Izquierda en Jujuy», disparó.
En medios «nacionales» aseguran que un grupo que estaba protagonizando hechos de violencia intentó ingresar a la Legislatura e «iniciaron un foco ígneo» y que habría 32 policías lastimados. Infobae, señala a manifestantes de Milagros Sala y militantes del Partido Obrero de ser los revoltosos. También, fue agredido un periodista del canal TN que se encontraba haciendo la cobertura informativa y a otros de Jujuy.
Hay 15 docentes detenidos -entre otros tantos- desde el fin de semana por lo que H.I.J.O.S y el Cels exigieron su inmediata liberación.
Vale destacar que ante la resistencia del pueblo, el Gobernador desistió de modificar los artículos 36 y 50 de la Constitución Provincial que era la que concita el descontento popular. El primero reforzaba la santidad de la propiedad privada ante expropiaciones y el segundo se expedía sobre los “derechos y garantías de las comunidades de los pueblos originarios», y, por caso, les condicionaba la posesión de sus tierras ancestrales.