Durante este jueves, en sus respectivas sesiones ordinarias, el Concejo Deliberante y la Cámara de Diputados de la Provincia hicieron parte del temario a tratar fuertes repudios a la discriminación de subsidios al transporte que lleva adelante el Gobierno de ultraderecha de Javier Milei. Es que la administración nacional, a pesar de sostener el slogan «no hay plata», decidió inyectar 332 mil millones de pesos para mantener el precio del boleto de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires y 0 pesos para el resto del país.
«No estamos pidiendo migajas, pedimos que nos dejen administrar lo nuestro. Que dejen de meternos la mano en el bolsillo para pagar el déficit que generan para quedar bien con otros sectores»
Concejal Lucas Simoniello
En el recinto de calle Salta, el concejal radical Leandro González impulsó un proyecto para que el cuerpo manifieste el rechazo, que fue aprobado y extensamente fundamentado por todos las bancadas. «¿Vale lo mismo un trabajador de AMBA que uno de Santa Fe?», Se preguntó de manera retórica el edil en la apertura de su intervención. «El Gobierno Nacional no trata de la misma manera a ciudadanos que vivimos en distintos puntos del país», se contestó a sí mismo.
«Ha sido un error eliminar el Fondo de Sustentabilidad del Transporte. Ha puesto en jaque al sistema», sostuvo y se hizo eco de los datos que fueron expuestos por el Gobierno provincial sobre los aportes impositivos de La Bota que son absorbidos por Nación. “Santa Fe este año ya aportó 27.900 millones de pesos en impuesto a la nafta, pero volvió cero pesos», había apuntado la secretaria de Transporte y Logística de la provincia, Renata Ghilotti, días atrás.
«El impuesto al combustible lo pagamos todos y Nación se lo queda sin redistribuir nada», adhirió la concejala de Mesas de Trabajo, Violeta Quiróz, y sumó un reclamo que sería generalizado. «La solución es que devuelvan el Fondo Compensador porque es un derecho de los santafesinos» y convocó a sus pares: «Ahora el boleto se va a 1000 pesos. Llamo a mis pares para defender a los santafesinos de este nuevo golpe al bolsillo».
Por su parte, el justicialista Jorge Fernández puso la lupa sobre el fondo de la cuestión mirando más allá de la distribución dineraria para hablar de «qué rol debe cumplir el Estado para garantizar derechos como es la movilidad». Más adelante, el oficialista Carlos Suárez coincidiría con esta afirmación. «Esta bien que reclamemos ante la discriminación pero la discusión de fondo es el régimen de coparticipación. Uno que respete mucho mas lo que aporta cada provincia porque sino siempre hablamos sobre la quita de subsidios», aseguró.
Una de los discursos más acalorados fue la del concejal Lucas Simoniello que, sin demasiado rodeo, le contestó al edil perteneciente de Viva La Libertad Ignacio Laurenti que había manifestado la necesidad de que los subsidios vayan a la demanda y no a las arcas de las empresas de transporte y se abstuvo de votar. «No es cierto que con el subsidio a la demanda se resuelvan los problemas del sistema. La pregunta es: ¿Cuántos más se podrá subsidiar y cuales fueron las medidas del Gobierno Nacional para lograr un servicio de calidad?», expresó. «El 85 por ciento del subsidio va a la oferta y lo importante es controlar si la oferta es de calidad. Así mas pasajeros suben, es mas rentable y se puede bajar la tarifa. Acá vamos hacia lo contrario«, lamentó.
«Atrás de los números hay personas. Parece que en virtud de buscar el equilibrio macroeconómico, poco importa que un trabajador gaste mas de 70 mil pesos en colectivo»
Concejal Julián Martínez
«Parece que el rico se puede mover en auto sin problema y al trabajador vemos si le podemos subsidiar la demanda. Un empleado de comercio ahora tiene que destinar el 10 por ciento de su salario para moverse. Antes era el 5″, enumeró Simoniello y recordó una de las políticas implementadas por la intendencia de Emilio Jatón para graficar la importancia del control estatal sobre el desempeño de las empresas que oligopolizan la prestación de la movilidad urbana en la ciudad. «En la gestión pasada se empezó a subsidiar desde el Municipio la oferta para mejorar el servicio. Por eso es tan importante el sistema de monitoreo y control del transporte público», consideró.
A su turno, Julián Martínez de Unidos para Cambiar Santa Fe retomó la pregunta sobre cuál es la diferencia entre los habitantes de Buenos Aires y los de Santa Fe como para sustentar tamaña discriminación en la garantía de derechos. «¿Somos ciudadanos de segunda?», inquirió el edil que había acusado una priorización de los números por sobre la calidad de vida de los argentinos. «La deshumanización que estamos viviendo es preocuparte», completó.
Horas más tarde, en la Legislatura de La Bota, la Cámara de Diputados también dio su visto bueno a una declaración de preocupación por la discrecionalidad de Milei y su séquito para la distribución de fondos al transporte. La impulsora del proyecto, la diputada justicialista Lucila De Ponti, fue tajante en su alocución que criticó la vocación presidencial de «gobernar en favor de la calidad de vida del AMBA». A su vez, opinó que se está originando «una disputa entre ciudadanos» cuando se «deben defenderse los derechos al transporte público y la mirada federal de la Argentina” para todos.
Desde el radicalismo oficialista, Silvana di Stefano lamentó que “Santa Fe aporte mucho y no vuelva ni un peso” y ponderó que “el Gobierno provincial decidió mantener el boleto educativo gratuito”.
Por el Frente Amplio por la Soberanía, Carlos del Frade, recordó que “quien maneja el transporte y los puertos de un país son quienes manejan la bandera”. Asimismo, no dudó en acusar que el objetivo político de la administración de La Libertad Avanza «es paralizar el trabajo y la producción de las provincias, además de un proyecto de desintegración nacional” y solicitó que “la Provincia que judicilice cada uno de estos proyectos de neocolonia”.
En tanto, desde la Cámara alta del Palacio de Leyes, avaló el pedido de Maximiliano Pullaro por más federalismo en la materia y adhirieron a la alternativa propuesta por la Red Federal de Intendentes para que Nación coparticipe el Impuesto a los Combustibles, del cuál sólo es beneficiaria la ciudad y área metropolitana de Buenos Aires.
“Durante años, las ciudades del interior del país sufrimos una discriminación endémica con respecto a los subsidios al transporte (85 por ciento a AMBA y 15 por ciento al interior). Desde enero la situación es peor aún», vociferó el senador por Rosario, Ciro Siesas, impulsor de la comunicación aprobada este jueves. “Cada vez que cargamos combustible en la provincia, se cobra un impuesto que va directo a las arcas del Gobierno Nacional. Desde enero Santa Fe generó 27.000 millones de pesos, de los cuales volvió 0, mientras que a Buenos Aires le ingresaron 323 millones. Hoy son las provincias y los municipios del interior los que están haciéndose cargo de sostener el sistema inyectando más dinero», cerró.