Oficializaron los vouchers educativos para alumnos de escuelas privadas

La medida harta anunciada por Javier Milei en su campaña presidencial tomó forma concreta al ser publicada este jueves en el Boletín Oficial de la Nación. La herramienta está destinada a ayudar económicamente a los padres de los chicos que estudian a estas instituciones de administración privada pero con aportes estatales. "Se da un doble aporte para los alumnos de escuelas privadas mientras se desfinancia la educación pública", esgrimió la diputada provincial Claudia Balagué, ex ministra de Educación de Santa Fe.

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Este jueves, el Gobierno de Javier Milei informó la creación del Programa Asistencial de «vouchers educativos». Lo que se manejaba como una posibilidad llegó al plano de lo concreto con su publicación en el Boletín Oficial de la Nación de una resolución del Ministerio de Capital Humano que dirige Sanda Pettovelo. Estará destinado a familias con hijos que estudian en colegios privados con aporte estatal pero que, por el ajuste a los bolsillos, se les dificulta pagar la cuota.

En el texto publicado consiste el programa consisten en una «prestación temporaria a favor de las familias cuyos hijos asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada de niveles inicialprimario y secundario con aporte estatal«. Desde la Secretaría de Educación del megaministerio apuntaron que los beneficiarios del programa podrían alcanzar «a casi 2 millones de chicos que asisten a más de 6 mil escuelas en todo el país, y cuyos padres tengan un ingreso familiar menor a siete veces del Salario Mínimo Vital y Móvil».

Puntualmente, los beneficiarios serán «los padres o tutores de estudiantes de hasta 18 años de edad inclusive» que asistan a escuelas públicas de gestión privada «con al menos 75 por ciento de aporte estatal«. En tanto, el ingreso de la familia que acceda al programa no deberá superar el equivalente a siete salarios mínimos vitales y móviles» —es decir, según la última actualización que lleva al SMVyM a 202.800 pesos, unos 1.419.600—.

Con mayor precisión desde Capital Humano señalaron que la cuota de los educandos, en la institución a la que asisten, no podrá superar los 54.396 pesos. Asimismo, las familias tendrán acceso al 50 por ciento del valor de la cuota de jornada simple, en función de la cuota base (marzo de 2024) para mayo, junio y julio. De esta manera, quedan exentas las actividades extraprogramáticas. Además, subrayaron, «el voucher tendrá un tope de 27.198 pesos por hijo«.

Consultada por la prensa, la actual diputada provincial del socialismo disidente y ex ministra de Educación de Santa Fe, Claudia Balagué, señaló que se trata de «un doble aporte» que hacen las arcas estatales para estos alumnos y alumnas. Es que «la mayoría de estas escuelas ya tienen un financiamiento de los cargos docentes». Para la legisladora del Frente Amplio por la Soberanía se vuelve a desequilibrar la balanza hacia los que menos lo necesitan. Volvemos a dejar caer la escuela pública”.

En la misma línea, se preguntó: “¿Y la educación pública? ¿Y la familia que no tiene para comprar útiles, zapatillas, guardapolvos, no merece también un aporte esa familia, yo diría prioritariamente… para la escuela pública?”.

En conferencia de prensa, Balagué puso la lupa sobre el sesgo ideológico del Gobierno ultraderechista de La Libertad Avanza. «Financiar la demanda con vouchers no dio resultado en otros países del mundo. Volvamos a las becas, independientemente si es privado o no. Es una nueva injusticia y discriminación esta medida”, acusó.

Y a propósito de ese detalle, la diputada consignó: No hay ninguna evidencia de que la educación privada sea globalmente mejor, hay evaluaciones nacionales, internacionales pero todo refiere a la vulnerabilidad social del estudiante, de la escuela y de los docentes. Fue una promesa de campaña, lo que no se entiende es que hoy las pueda cumplir tan rápidamente”.

Cabe recordar que la novedad sobre la asistencia a las escuelas privadas llega tras la decisión de la Casa Rosada de eliminar el Fondo de Incentivo Docente (Fonid) establecido por ley en 1998. Es, en definitiva, un recorte salarial a los docentes de los establecimientos públicos. «Si querían colaborar con el ciclo lectivo y paritarias, hubieran dejado el Fonid y no se lo está viendo, en marzo tuvimos la mitad de los días de clases necesarios, por múltiples factores, no vamos a culpar a nadie pero hay todo un cambio que hacer” y concluyó: “La educación es un derecho de todos los ciudadanos, es una obligación del Estado garantizarlo, está en la ley de educación que está vigente y es muy buena”.