Tras 6 meses, el oficialismo nacional logró aprobar la Ley Bases

El texto de carácter refundacional y liberalizador fue modificado en el Senado de la Nación y posteriormente aceptado en Diputados. En el mismo paquete se dio fuerza de ley a la reforma en bienes personales y la restitución del Impuesto a las Ganancias. El presidente recibió facultades delegadas del Legislativo.

0
123

En una sesión que se extendió por más de 12 horas, la Cámara de Diputados del Congreso Nacional dio fuerza de ley a las «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos». Los legisladores aceptaron los cambio efectuados por el Senado y lograron cosechando 147 votos positivos, 107 negativos y dos abstenciones.

Entre las modificaciones mencionadas están las privatizaciones que fueron reduciéndose con el paso del tiempo desde diciembre hasta este jueves. Aerolíneas Argentina, el Correo Argentino y el sistema de medios públicos, por el momento, continúan siendo del pueblo a pesar del desfinanciamiento planificado y los despidos en cada sector. Si bien la declinación a instancia de las negociaciones legislativa es clara, no se descarta que el Gobierno de Javier Milei ingrese proyectos particulares de privatización.

En cuanto a la ley fiscal, primero se votó un artículo sobre gastos tributarios; le siguió la insistencia en reinstaurar el impuesto a las Ganancias para trabajadores que ganen más de 1.800.000 pesos; y luego se aprobó la reforma del impuesto a los Bienes Personales que rebaja las alícuotas para el decil más rico de la población.

Por su parte, el paquete fiscal sancionado contiene el aumento en las cuotas del monotributo (que podrían alcanzar hasta el 400 por ciento); el blanqueo de capitales y una moratoria impositiva. En Balcarce 50 celebran por el gesto que envían a los capitales extranjeros que obtendrán beneficios impositivos y financieros para instalarse en el país en detrimento de la industria nacional. Con un semblante extractivista se le abre la puerta “a proyectos de los sectores de forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas”, con un plazo de adhesión de dos años.

Por último, el Congreso delegó potestades al Presidente. Por un año, el Ejecutivo mantendrá el estado de emergencia económica, financiera administrativa y energética.